Desde el año 2020 la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ha manifestado su voluntad de incorporar los contenidos del Acuerdo en su quehacer institucional . Los nuevos estándares implicarán sin duda la creación, práctica en primer lugar y jurídica en segundo, de un número amplio de mecanismos de participación ciudadana orientados a ampliar la forma en que se comparte la información ambiental y se permite acceso permanente, garantizado y adecuado de manera contextual a ella. ANLA recientemente ha empezado a dar a conocer su plan de acción para la implementación del Acuerdo de Escazú. 

Los nuevos estándares impulsados por el ARE también implicarán un mayor despliegue de lo que son los escenarios y mecanismos de participación ciudadana, así como un enfoque nuevo acerca de los grupos de interés involucrados que supera a la tradicional forma de considerar exclusivamente a las comunidades, y que se amplía hasta autoridades político administrativas, entes de control, medios de comunicación, y gremios, entre otros. 

En la práctica, debe considerarse en detalle que ya la ANLA ha creado espacios y mecanismos de participación ciudadana ambiental, adicionales a los establecidos en la norma, y que tienen como propósito el de fortalecer la acción de la Autoridad en el marco de los tres derechos a los que alude el Acuerdo.  

También es necesario considerar como un elemento de relevancia que la banca multilateral e instituciones internacionales, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones (EIB) y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) han destacado de manera clara la relevancia del ARE “como herramienta fundamental para generar certeza y estabilidad en las inversiones”, lo que concluirá sin duda alguna en una generación de nuevos estándares de desempeño ambiental y social, y significará un ejercicio de creación de nuevas formas de gestión y estándar de resultados que condicionen la inversión de recursos de estas fuentes.  De hecho, el propio Banco Mundial ha planteado solicitar “a sus países miembro que provean a las partes interesadas afectadas con oportunidades de acceso a la información y participación en el diseño e implementación de proyectos financiados por el Banco, y medios accesibles e inclusivos para plantear problemas y reclamos.”  

En el marco definido por estos elementos contextuales, es necesario considerar la necesidad de anticiparse a las transformaciones que supondrá la implementación del Acuerdo de Escazú para el sector privado, más aún si como se ha planteado por varios analistas, los cambios más sustantivos pueden darse en materia regulatoria sin que necesariamente se haya ratificado el Acuerdo. 

En CONSGA venimos ejecutando acciones tendientes a diagnosticar qué tanto los procesos de gestión interna y las prácticas de nuestros aliados, están alineadas con el Acuerdo de Escazú, y qué acciones deben implementarse para avanzar en este propósito.

En nuestro canal de YouTube puede ver un registro de algunos de estos ejercicios efectuados.