El cambio climático plantea un desafío sin precedentes para la humanidad, que demanda una transformación profunda de los sistemas sociales, económicos y, por supuesto, jurídicos. Los impactos de la variabilidad climática, como eventos extremos, aumento del nivel del mar, pérdida de biodiversidad, pérdida de territorio (en los llamados estados sumergidos), generan riesgos y daños crecientes para las personas, los ecosistemas y los bienes económicos. En este contexto, el Derecho como ciencia de dirección social desempeña un papel crucial para proporcionar herramientas jurídicas y técnicas para gestionar estos riesgos, promover la adaptación y fomentar la transición hacia una economía baja en carbono y garantizar que los sectores productivos y de mayor impacto puedan ajustar sus operaciones.